Pide CIDH medidas cautelares a favor de Marco Antonio Sánchez Flores
Luz León
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió medidas cautelares para Marco Antonio Sánchez Flores, quien fue víctima de desaparición forzada el pasado 23 de enero en la Ciudad de México.
El organismo internacional señaló que la vida de Marco Antonio corre peligro, ya que podría sufrir un daño irreparable tras su detención y desaparición durante seis días por cuatro policías de la CDMX. Debido a esto, ordenó al Estado implementar las necesarias para preservar su derecho a la vida, a la integridad personal y a la salud, al tiempo que se debe tomar en cuenta el interés superior de la infancia.
Sánchez Flores, estudiante de la preparatoria 8 de la UNAM, "está mejorando físicamente pero no ha logrado recuperar lo que sucedió en esos 6 días de desaparición forzada por parte de policías, sino su propia vida en perspectiva de la escuela, está preocupado por su escuela pero no tiene condiciones para regresar”, advirtió el director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), Juan Martín Pérez.
Edith Flores y Marco Antonio Sánchez, padres del joven de 17 años, integrantes de la REDIM, así como de la Defensoría de la Infancia (ODI), del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y del Instituto de Justicia Procesal Penal (IJPP) indicaron el estado delicado de las condiciones en las que se encuentra Marco a más de dos meses de encontrarse internado en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía (INNN).
Al respecto, Edith Flores denunció que continúan los malos tratos y abusos del INNN hacia su hijo, al tiempo que enfatizó que el subdirector de neuropsiquiatría, Jesús Ramírez Bermudez, se ha negado a proporcionarle información sobre el tratamiento de Marco Antonio. "(...) a mi hijo lo sujetaban, porque lo amarraban de los pies y las manos, y se azotaba en la camilla y eso hacía que sangrara mucho de la nariz y por qué no me lo decían, y eso me lo contó una paciente que salió de lo que le pasaba a mi hijo”, señaló al referirse a uno de los malos tratos contra el joven.
Por su parte, Simón Hernández, abogado del IJPP, manifestó que dado que la fiscalía de servidores públicos no ha querido realizar la debida diligencia para investigar el delito como desaparición forzada, el caso es investigado por la CIDH y no por la Comisión de Derechos Humanos.
