En jaque la libertad de expresión con ley de publicidad

En jaque la libertad de expresión con ley de publicidad

Érika Paz

Asesora parlamentaria en temas de comunicación (Morena)

Co-conductora del programa Jaque al Rey

Twitter: @paz_eri

 

En jaque la libertad de expresión con ley de publicidad

 

En diferentes medios de comunicación, periodistas e integrantes de organizaciones de la sociedad civil han expuesto las razones del por qué una ley como la propuesta por el PRI, Panal y Partido Verde se contrapone a los estándares internacionales y a nuestra Constitución (en sus artículo 6º, 7º, y 134), en materia de publicidad oficial, libertad de expresión y derecho a la información.

No obstante, ayer la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados (cámara origen), presidida por la priista Mercedes Guillén (la misma que avaló la Ley de Seguridad Interior) aprobó la nombrada iniciativa: “Ley de Comunicación Social”.

El título de la misma demuestra que el interés del PRI, Panal y Verde no es expedir una reglamentación conforme lo dispuesto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino por el contrario, su prioridad es legalizar las malas prácticas que implica el uso discrecional del dinero público destinado al gasto en comunicación social.

Además de avalar el uso de los recursos públicos para la promoción personalizada de gobernantes y de partidos políticos, no fija topes presupuestarios ni porcentajes de recursos destinados a la contratación de cada medio o agencia de comunicación, no establece sanciones a los funcionarios públicos (o a privados que ejerzan recursos públicos) que conviertan el gasto en comunicación social en un botín de negociación política, obstaculicen o impidan los principios de máxima publicidad y transparencia.

Tampoco establece el pleno respeto a la línea e independencia editorial de los medios de comunicación que resguarde la libertad de expresión, no expide los principios rectores de la publicidad oficial y la comunicación social los cuales deben apegarse a lo establecido en el párrafo octavo del artículo 134 el cual dicta:

“La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público”.

En sincronía con los artículos 6º y 7º constitucionales y en cumplimiento con el derecho que la población tiene a estar informada sobre los trabajos de la totalidad de los entes públicos de los tres órdenes de gobierno. Toda vez que la población tiene derecho a saber sobre las actuaciones, decisiones y acciones de los funcionarios públicos (en su beneficio o perjuicio), tiene derecho a conocer sobre el uso de sus impuestos y contribuciones al Estado, sin embargo, esto no ocurre en los hechos.

Las administraciones priistas y panistas que han gobernado el país, además de despilfarrar el erario público en imagen personal y de sus propios partidos, han controlado la información y restringido la libertad de expresión de medios de comunicación y periodistas críticos. Literalmente mantienen el duopolio televisivo y a las grandes empresas periodísticas voceras de los intereses y negociaciones partidistas. Todo, en detrimento del interés público y de los derechos de todas y todos.

El dictamen de Ley avalado en la Comisión de Gobernación con 15 votos a favor, ocho en contra y una abstención pasará a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, se definirá su turno para su discusión en lo particular en el Pleno, de aprobarse en esta cámara se turnará al Senado, recinto que decidirá si la aprueba y publica, o la devuelve con modificaciones.

En fin, con la reglamentación del 134 constitucional se juega mucho, entre otras cosas, se decide si se mantienen la censura previa e indirecta y el sistema de medios que informa parcial y sesgadamente, o se pueden sentar las bases para favorecer la diversidad de medios de comunicación que incluya a los medios sociales, independientes, alternativos, radios comunitarias; se privilegie la libertad de expresión, no se silencie y despida de sus empresas a periodistas críticos o incómodos al régimen y se cumpla con el derecho a la información de la población.

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