Alejandro Saldaña Rosas
Académico. Director de Desarrollo Económico del H. Ayuntamiento de Xalapa, Ver.
Twitter: @alesal3 / Facebook: Alejandro Saldaña
Universidades para la paz
Para Rosío Córdova, amiga y colega.
La semana pasada publiqué en este mismo espacio un comentario sobre la realización del Foro “La UV como constructora de paz: alternativas a las violencias en Veracruz”. Jamás imaginé la vorágine de acontecimientos que tal reunión académica suscitaría, derivadas del citatorio a declarar que la Fiscalía de Veracruz entregó -a través de policías ministeriales que irrumpieron en un espacio universitario- a la Dra. Rosío Córdova Plaza. La Fiscalía citó a la investigadora, con amenazas evidentes, para que acudiera en calidad de testigo por los datos aportados por el equipo de investigación en el que participa, junto con la Maestra Mayra Ledesma y la Doctora Zulma Amador, entre otras personas. Valgan estas líneas para expresar mi solidaridad con las compañeras del equipo de investigación, particularmente con Rosío Córdova, amiga y colega.
La Fiscalía veracruzana ha dado una muestra de miedo. Miedo a la verdad, miedo a los datos, miedo al conocimiento, miedo a un equipo de investigadoras que hacen su trabajo con responsabilidad y ética en la Universidad Veracruzana. Con su miedo expresado en un infame citatorio, la Fiscalía demuestra que es una institución débil y timorata: ante la falta de argumentos responde con bravuconadas, como adolescente erizado ante su propia adolescencia.
No quiero abundar sobre los dimes y diretes entre la Fiscalía y las investigadoras ni sobre el muy cuestionable papel de las autoridades universitarias (que dudaron de la veracidad de los datos recogidos con rigor y apego a criterios científicos), solamente quisiera aportar algunas reflexiones sobre una arista poco atendida y que está en el fondo de la discusión ocurrida en los últimos días: el papel de las universidades públicas en los escenarios de violencias múltiples que atraviesan a nuestro país.
De todos es conocido –y padecido- que México está sumido en una profunda crisis de derechos humanos, lo que no sabemos –o al menos no está tan claro- es cómo salir de ella. La tarea es ardua y de largo aliento e implica la participación de todas y todos para re-construir al país desde lo local: desde la ciudad, el pueblo, la colonia, el ejido, la fábrica, la escuela.
Las particularidades de la crisis de derechos humanos, los rasgos específicos en cada localidad, se sufren diario pero se conocen poco. Hacen falta muchas más investigaciones que arrojen luz sobre los escenarios de las violencias en México, su urdimbre local, sus actores específicos, sus anclajes institucionales, sus dispositivos de reproducción y las oquedades y asimetrías que producen en los territorios locales. Sin co-investigación (con los actores sociales) sobre las violencias y sus muchos rostros, la paz en México seguirá siendo una meta que se aleja conforme se avanza a ella. Es imprescindible conocer a través de la ciencia, del arte, de los múltiples saberes populares, de las diversas sensibilidades, los atributos singulares de las violencias que nos habitan y nos quejan. Sin conocimiento(s) las políticas públicas son lineamientos llenos de buenas intenciones (en el mejor de los casos) o pretextos oficiales para el enriquecimiento explicable, pero ilícito. No hablo en el vacío: ahí están los miles de millones de pesos desviados por funcionarios y funcionarias, como evidencia fehaciente de que las políticas públicas pueden ser (lo son actualmente) botín de pocos y despojo de muchos.
Para transformar hay que conocer. Y para preservar también. Por ejemplo, la defensa y preservación de los sagrados territorios wirikutas es irrenunciable porque ahí viven miles de personas que acunan saberes que desde la ciencia apenas se intuyen. Es obligación de todas y todos preservar los saberes profundos del espíritu, del arte y de la ciencia. El lujo imbécil de la ignorancia es tan pernicioso que pone en riesgo la vida toda en el planeta.
En mi opinión el proyecto de las investigadoras Ledesma, Amador y Córdova debería replicarse en todas las universidades públicas del país, con las adecuaciones pertinentes en cada contexto. Las universidades públicas estatales (y en general las Instituciones de Educación Superior) son absolutamente cruciales para la construcción de la paz que anhela y merece nuestro país, por lo que las investigaciones sobre seguridad ciudadana, sobre las violencias, los feminicidios y en general sobre los contextos sociales en que vivimos, trabajamos y nos queremos, son necesarias, pertinentes e irrenunciables. Quizás como nunca antes en la historia de México las universidades son el principal baluarte para construir la paz.
Lo son porque las universidades públicas, aún y pese a todo, gozan de credibilidad y confianza. Detractores de las universidades públicas hay y muchos, enemigos por montones (algunos cobran en oficinas de las mismas universidades), envidias como sarampión en kínder, incontables enconos, absurdos por antonomasia. Pero incluso y a pesar de quienes quieren acabar con ellas, nuestras universidades son, siguen siendo, bastión de libertad, espacio de alegría y posibilidad de pensamiento crítico. Las universidades son una firme opción para construir la paz que queremos y merecemos.
Una paz que no es ausencia de guerra o de conflicto, sino la creación de instancias y criterios para resolver nuestras diferencias con respeto al otro, al diferente, al disidente. Una paz activa que no es letargo, sino re-creación de la palabra mediante el arte, la cultura y el conocimiento. Una paz que se crea en los intersticios del día a día.
Y una paz que se construye a contrapelo de las instituciones artífices del dolor, operadoras del secuestro, responsables de las desapariciones, perpetradoras de los asesinatos. Las instituciones de impartición de justicia y de seguridad pública de Veracruz han sido –según las evidencias- las principales culpables de la crisis de derechos humanos en la entidad. Los culpables aún no han sido condenados y aún más: la violenta reacción de la fiscalía ante el trabajo de las académicas expresa con absoluta nitidez su temor a la verdad.
Termino con dos reflexiones:
I.-No olvidemos que la irritación del Fiscal Jorge Winckler por el trabajo de las investigadoras es ridícula frente al dolor de miles de familias que siguen en busca de sus desaparecidos, desesperadas por el pago del secuestro o llorando a sus muertos.
II.-Las universidades públicas son constructoras de paz, a través de la verdad. Como la UV, que es mucho más que las instancias de dirección.
