Veracruz: alternativas a las violencias

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Alejandro Saldaña Rosas

Académico. Director de Desarrollo Económico del H. Ayuntamiento de Xalapa, Ver.

Twitter: @alesal3 / Facebook: Alejandro Saldaña

 

Veracruz: alternativas a las violencias

 

El próximo jueves 22 de febrero se realizará el Foro Presentación de resultados del proyecto "La Universidad Veracruzana como constructora de paz: alternativas a las violencias en Veracruz". En la reunión que será en Xalapa en el auditorio del Instituto de Investigaciones Históricas Sociales, se expondrán los primeros resultados de este proyecto realizado en 2017, inscrito en la propuesta del Programa Universitario por una Cultura de Paz (PUCPAZ), impulsado por académicos y académicas de la Universidad Veracruzana. 

            El foro ocurre en un momento en que la crisis de derechos humanos en Veracruz ha tocado fondo, o al menos eso queremos pensar, porque fondo siempre hay más en la medida en que las violencias son una espiral inacabable. Las violencias y sus nefandas consecuencias no se van a detener por decreto, ni por proclama en la plaza pública, tampoco por campañas en medios y redes o por encuestas que “demuestren” que va disminuyendo. Las violencias y su poliédrico rostro exigen que las comprendamos en toda su complejidad para avanzar (a paso de gallo gallina) en su resolución. En esta perspectiva se inscribe el foro “La UV como constructora de paz: alternativas a las violencias en Veracruz”. Quizás la primera acción de paz ante las violencias todas que nos invaden diario y en todas partes, sea el pensamiento.

            Las violencias en Veracruz (como en el resto del país) son evidentes y se constatan en las fosas clandestinas dispersas en todo el estado, en los cientos de feminicidios, en los miles de desaparecidos, en los robos, secuestros y extorsiones, pero también en formas más sutiles pero no por ello menos dañinas: en el acoso sexual, en la homofobia, en la corrupción, en la exclusión social en todas sus vertientes. Las violencias son muchas y variopintas y muchas se articulan en el Estado y sus instituciones. Las evidencias son contundentes.

            Al menos desde 2012 se denunció públicamente el lazo entre policías de la SSP y la delincuencia organizada. Sigue fresco el recuerdo de un joven que un día fue levantado por un comando de un cartel y luego de las amplias movilizaciones ciudadanas, tres días después fue devuelto a su familia por las autoridades de justicia. Nadie fue detenido. Y sigue fresco el recuerdo del fotógrafo de prensa Rubén Espinoza y la denuncia que hizo en contra de Javier Duarte y sus delincuentes con uniforme de policía. Rubén fue asesinado un triste 31 de julio de 2015, junto a Nadia Vera y tres mujeres más (Alejandra Negrete, Mile Martín y Yesenia Quiroz). El crimen permanece impune. Como impunes permanecen decenas, cientos de desapariciones forzadas y asesinatos cometidos por policías, militares y marinos en territorio veracruzano.

            No sorprende, por lo tanto, la reciente detención de mandos policiacos y sus operadores de menor rango en la jerarquía de la mafia. En todo caso, lo que llama la atención no es que hayan sido detenidos, sino la demora en hacerlo.

            La detención de 19 ex funcionarios y policías de Veracruz representa la punta de la densa madeja de delincuentes que nutrieron la administración de Javier Duarte de Ochoa, muchos de los cuales continúan en funciones en el gobierno de Yunes Linares. Criminales en nómina y cargo al erario que operaron en todo el estado con absoluta impunidad y que, cuando fueron denunciados por integrantes de los colectivos de familiares de desaparecidos, por periodistas, activistas y académicos, sistemáticamente fueron protegidos desde el poder político estatal y federal. La delincuencia organizada ha crecido como hidra en Veracruz gracias al cobijo brindado por funcionarios de todos niveles y ámbitos de gobierno, muchos de los cuales hoy gozan de impunidad por el fuero que los protege.

            Los ex funcionarios y policías, bajo el mando del entonces Secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita (detenido) y de José Óscar Sánchez Tirado (detenido), director de la Fuerza Civil durante el duartismo, fueron artífices de decenas, de cientos, de desapariciones forzadas. Acusados por 15 casos, lo cierto es que la cifra precisa de desapariciones forzadas cometidas por los predadores de Bermúdez Zurita es incierta; al cobijo de Javier Duarte, los funcionarios de la SSP y sus brazos operativos cometieron toda serie de delitos: desapariciones, asesinatos, extorsiones, violaciones, tortura, secuestros, robo y vaya usted a saber cuántos otros. Lo dicho: la madeja criminal es densa por cuanto está anudada en esferas del poder político y económico y con numerosos hilos en la delincuencia organizada.

            La construcción de alternativas a las violencias implica reconocer la multidimensionalidad del problema y la necesidad de dar cuenta de muchos registros vinculados entre sí. Como una modesta contribución al foro anunciado para el día 22, señalo cinco acciones insoslayables que deben atenderse con inteligencia, sensibilidad y eficacia:

I.- En primer lugar debemos exigir que el Estado mexicano asuma cabalmente su responsabilidad en la crisis humanitaria que se vive en Veracruz (y en todo el país), puesto que -cuando menos- fue omiso ante las denuncias realizadas contra Duarte, sus sicarios y sus cómplices.

II.- En el orden jurídico es imprescindible que los culpables en todos niveles y órdenes jerárquicos sean juzgados conforme a derecho. La paz requiere cimientos fuertes, por lo que no puede construirse sobre el fangoso piso de la impunidad.

III.- En materia de derechos humanos y de justicia es irrenunciable la demanda de los familiares de las y los desaparecidos por encontrar a sus seres queridos. La búsqueda no puede concluir y el Estado está en la obligación de aportar los recursos necesarios para abrir cada una de las fosas clandestinas encontradas y las aún por descubrir, así como las fosas comunes de los panteones públicos. Mientras haya una sola persona en busca de un familiar, la paz será todavía una asignatura pendiente.

IV.- El Estado está en la obligación de resarcir las pérdidas de los familiares de los desaparecidos. Muchas mujeres han perdido a sus esposos, muchos niños han quedado en la orfandad, muchas familias han sido desmembradas por la acción de los cárteles y los cuerpos policiacos. Es obligación del Estado asumir los costos de la alimentación, la salud, la vivienda y la educación de las víctimas de las violencias.

V.- Las violencias en Veracruz (como en todo México) han marcado al menos a dos generaciones. Más de 130 mil asesinados, más de 30 mil desaparecidos, la incertidumbre cotidiana a ser asaltado, secuestrado o violada son huellas que no se borran fácilmente.  El acompañamiento sicosocial a las víctimas directas es de alta relevancia, y no menos importante es la intervención en grupos vulnerados y en general en todo el tejido social. La paz se construye con sujetos libres, autónomos y en plena capacidad de ser actores conscientes de su propia historia.

          Las alternativas a las violencias en Veracruz están en construcción. El foro del 22 de febrero es un punto en este largo camino.

 

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