Acuerdos de San Andrés, a 22 años
Paola Atziri Paz
Hoy se cumplen 22 años de los Acuerdos de San Andrés sobre Derechos y Cultura Indígena, producto de un ejercicio democrático sin precedentes para el reconocimiento de la autonomía indígena, pero nunca cumplidos por el gobierno mexicano.
Autoridades mexicanas firmaron con representantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), el 16 de febrero de 1996, cuatro documentos en los que el Estado se comprometía a reformar la Constitución y reconocer el derecho a la autonomía y al territorio para los pueblos indígenas.
Luego de que los zapatistas convocaran a la sociedad civil a mesas de diálogo para escucharse entre pueblos y discutir los temas de los acuerdos, como los derechos y cultura indígena, democracia y justicia, bienestar, desarrollo y derechos de la mujer, se firmaron con el gobierno, pero nunca se cumplieron.
De acuerdo con la investigadora R. Aída Hernández Castillo en su texto "A 20 años de los acuerdos de San Andrés", la propuesta de los indígenas fue modificada en una Ley de Derecho y Cultura Indígena, bajo argumentos de "desintegración de la autonomía, y sobre la inseguridad que representaba para la propiedad privada y la inversión económica, el reconocimiento del derecho de los pueblos indígenas al uso colectivo de sus tierras y recursos naturales".
La actualidad y vigencia de lo Acuerdos De San Andrés se traduce en las diferentes resistencias que continúan en busca del reconocimiento de sus derechos como pueblos indígenas y de su forma de organización basada en el diálogo entre pueblos. El 12 de octubre de 1996, luego de los traicionados acuerdos, se conformó el Congreso Nacional Indígena, integrado por pueblos, comunidades y tribus que luchan por defender sus derechos y territorios.
La resistencia de los pueblos indígenas es histórica, ya que lo han hecho frente a megaproyectos que despojan e invaden sus territorios y contaminan sus recursos naturales. Según Global Witness, en 2017 fueron asesinados 15 ecologistas, lo que convirtió a nuestro país en el 4º más mortífero para quienes, en la defensa de sus territorios, se ven enfrentados a gobiernos, corporaciones o traficantes ilegales. Mientras la violencia estatal continúe contra los indígenas, su autonomía y sus derechos, la necesidad de implementar los Acuerdos de San Andrés mantendrá su vigencia.
