Aleida Calleja
Coordinadora de Advocacy del Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia
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El derecho a la protesta
Ante el enfrentamiento el pasado 22 de septiembre entre manifestantes y la policía, padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos hace un año solicitaron medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para ejercer su derecho a la protesta.
Ante la falta de acceso a la justicia por parte del Estado mexicano y la impunidad en la que se mantiene el caso, diversos sectores de la sociedad se aprestan a salir a las calles para acompañar el dolor y la indignación de las víctimas ante la masacre de Iguala, Guerrero, que se incrementó luego del informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la CIDH que derrumbó la "verdad histórica" del gobierno federal y desnudó la negligencia, omisión, y una cadena de irregularidades por parte de la Procuraduría General de la República (PGR), la Policía Federal y el Ejército Mexicano, que tuvo como objetivo esconder la complicidad de la policía local con el crimen organizado.
Frente a la impunidad para dar con los responsables intelectuales y materiales de la tragedia, la opción que le queda a las víctimas y a la ciudadanía de a pie es la protesta social, la vía que hace patente el descontento y la exigencia para que el gobierno haga justicia. Es la protesta una extensión de la libertad de expresión y del derecho de asociación libre que históricamente se ha constituido en los límites de los poderes públicos cuando estos dejan de cumplir con sus obligaciones frente a la sociedad, por eso su criminalización y su represión representa una grave violación a estos derechos fundamentales necesarios para una vida democrática de calidad.
Si la protesta puede fungir como ese control ciudadano ante los excesos u omisiones del poder público, y es el ejercicio de nuestra autonomía como personas para la exigencia de derechos que consideramos legítimos, la pregunta es por qué es tan descalificada por diversos actores y en especial por la mayor parte de los medios de comunicación, ligándola con la violencia y la afectación de derechos de terceros, como la libertad de tránsito.
Como bien afirma el constitucionalista Roberto Gargarella, es normal que ante la protesta y la exigencia de justicia, ni los medios de comunicación ni otros actores se pregunten, antes de descalificarla, qué o cómo inició el conflicto, qué fue lo que el Estado hizo o dejó de hacer para que los grupos agraviados en sus derechos lleguen hasta las calles. La protesta y las movilizaciones son consecuencia de la falta de respuestas institucionales, y, en ese sentido, el Estado es el que origina las situaciones que sufrimos, porque da privilegios a algunos y a muchos no, sin embargo, en lugar de delimitar esa responsabilidad para la exigencia de respuestas para los grupos desfavorecidos, lo que observamos son conductas represivas que se justifican por el mantenimiento del “orden público” violando el derecho fundamental de las personas a expresar, a disentir.
La CIDH ha establecido que la protesta social es un ejercicio de la libertad de expresión y el derecho de asociación, dos de los derechos más apreciados en nuestras sociedades de corte liberal, y es una respuesta de los sectores más empobrecidos ante políticas y acciones discriminatorias, por lo que la movilización social se ha constituido como herramienta de petición a la autoridad pública y también como canal de denuncias públicas sobre abusos o violaciones a los derechos humanos.
Si bien se entiende que el derecho a la protesta no es absoluto, y se reconoce que los Estados pueden regularla para proteger los derechos de otros, al momento de hacer un balance entre el derecho de tránsito, por ejemplo, y el derecho de reunión, corresponde tener en cuenta que el derecho a la libertad de expresión no es un derecho más, en todo caso, es uno de los primeros y más importantes fundamentos de toda la estructura democrática: el socavamiento de la libertad de expresión afecta directamente el nervio principal del sistema democrático.
Estos serán días de protestas por la exigencia de justicia para los padres y madres de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, para exigir el derecho que tenemos como sociedad a saber la verdad de los hechos, pero sobre todo para salir a la defensa de nuestros derechos y libertades, porque hoy fueron ellos y otros tantos miles, mañana podemos ser cualquiera de nosotros. Basta de impunidad.
