Continúa violencia institucional contra trabajadoras sexuales en América Latina
Paola Atziri Paz
Los casos de asesinatos, agresiones graves y extorsiones contra trabajadores sexuales a manos de fuerzas de seguridad son comunes en la mayoría de países de América Latina, así lo informó la secretaria ejecutiva de la Red de Mujeres Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica y el Caribe (Redtrasex), Elena Eva Raynaga.
Durante un foro en Guatemala, la activista Raynaga señaló que en ese país y otros de Latinoamérica las trabajadoras sexuales son víctimas de violencia institucional, ejercido por elementos de la corporación policiaca. Por lo que, planteó que el reto de las sociedades y autoridades en esa región es reconocer los derechos y la protección de esas mujeres, siempre y cuando ellas trabajen de manera "voluntaria" y "autónoma".
Asimismo, en la conferencia donde se discutió la exclusión de las trabajadoras sexuales del sistema de salud guatemalteco, la integrante de Redtrasex calificó como un "avance importante" el hecho de que la situación de las trabajadoras sexuales latinoamericanas fuera llevada a instancias de las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos y en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
En Guatemala existe una legislación sobre el trabajo sexual, al respecto Elizabeth Reinoso, dirigente de un grupo organizado de mujeres guatemaltecas, dijo "el trabajo sexual es trabajo"y más de 30 mil mujeres lo ejercen, quienes son víctimas de abusos por parte de las autoridades.
Raynaga destacó que los únicos países con legislaciòn en beneficio a las trabajadoras sexuales en esa región son Chile, Guatemala y próximamente Nicaragua.
Al presentar un informe realizado por Redtrasex en 2015 sobre la "Situación de derechos humanos de mujeres trabajadoras sexuales en 15 países de las Américas", Reynaga explicó que si el trabajo sexual estuviera reconocido por el Estado, correspondería que hubiera una libreta sanitaria sobre salud integral de las trabajadoras sexuales (y no solamente que controlara las enfermedades de transmisión sexual) administrada por el Ministerio de Trabajo y no por la policía.
