Camarógrafo, editor y documentalista
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La telaraña que corrompe y asesina
La labor del periodista se considera, de acuerdo con la violencia desatada contra quien la realiza, como muy peligrosa para ciertos grupos. Lo mismo sucede para quienes luchan por los derechos humanos y contra la indolencia y silencio ante la ola de violencia y desapariciones en el país. En las últimas semanas, tres asesinatos en particular han sacudido a activistas, al gremio periodístico y a gran parte del país: los de Miroslava Breach, Miriam Rodríguez y Javier Valdez.
El trabajo de denuncia, investigación e información periodística va llevando a los hilos que tejen la red de complicidades que hacen posible la impunidad de grupos ligados a la política, al narcotráfico o a alguna otra actividad ilícita. Aquí podríamos pensar en los contratos y las licitaciones que son el método para hacerse de millones de pesos por medio de empresas fantasmas o simplemente que no “aparecen” por ningún lado.
Hace unos años se oía decir “están hundiendo al país”, en referencia a la clase política y en particular al gobierno federal y la implementación de sus reformas. Hoy, ya podemos decir que han hundido al país: lo han llevado a una crisis de credibilidad, a una violencia imparable y sin límite alguno, en medio de una crisis económica.
Hacer como que hacen, para que todo siga igual o peor, es al parecer la máxima que guía a los funcionarios y gobernantes. Han implementado –en papel y discursos- instituciones o membretes que tienen como objetivo la investigación para frenar y castigar la corrupción, y se ufanan de su existencia, para seguir simulando que hacen lo necesario para terminar con el robo a la nación y poner –se supone- un freno a la impunidad. El ejemplo más irrisorio y cínico fue el nombramiento y el “trabajo” realizado por Virgilio Andrade desde la Secretaría de la Función Pública, al investigar el conflicto de intereses alrededor de la Casa Blanca de Angélica Rivera, los contratos otorgados al Grupo Higa y la casa de Malinalco de Videgaray.
Algún asesor aconsejó a Peña Nieto aprovechar la reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO) para darle fuerza y credibilidad a su posicionamiento ante la violencia, y en particular la ejercida hacia los periodistas, después del asesinato de Javier Valdez. Habló de medidas que se tomarán para la protección de periodistas y externó su “indignación y solidaridad”, además de comprometerse a que el asesinato “no quede impune y se castigue a los culpables”… y le agregamos “con todo el rigor de la ley”. En resumen, fue un discurso hueco, con medidas que se han enunciado en otras ocasiones. Compromisos y palabras que saben a simulaciones ya conocidas. El asesor no le aconsejó cambiar el discurso ni las medidas.
Todos los hilos de la violencia, el narco y la corrupción llevan de una u otra forma a conexiones con empresas o personajes de la política, muchos de los cuales son de las altas esferas –incluyendo a gobernadores- y hasta en el nivel municipal. Y no hay que olvidar a las corporaciones policiacas, militares y de la Marina, las cuales no se salvan de estar corrompidas y al servicio de la delincuencia; y al ser éstas las que directamente –otra vez, se supone- protegen a la ciudadanía y persiguen a los delincuentes, la cosa ya no camina nada bien.
La danza de los millones de pesos en México (que provienen de las arcas públicas y de las actividades del narco y sus derivados) lleva a veces “destinos y objetivos políticos” y otras más, el enriquecimiento personal. Los destinos y objetivos políticos van desde la “compra” de algún funcionario o político, hasta el financiamiento de campañas electorales. Hoy, en el Estado de México se vive el ejemplo más claro y burdo, ante la baja popularidad del PRI, empezando por su máximo representante: Peña Nieto. Las estrategias para implementar un fraude electoral (ya sea con “tarjetas rosas” o directamente con pagos por la credencial de elector, hasta increíbles promesas al por mayor) están a todo lo que dan, a lo cual hay que agregar el faccioso papel de funcionarios del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) y del mismo INE –bueno, eso me imagino sólo por mera posibilidad y porque a veces me gana eso de ser mal pensado-.
Se reportan miles de millones de pesos “perdidos” del erario público de algunos estados. Millones de pesos destinados a partidas y que sólo basta con rascarle un poco para comprobar que no se aplicaron para lo que estaban etiquetados. Es el Estado de México una de las entidades con mayor cantidad de millones de pesos “perdidos”, de los cuales nadie da razón alguna. Los que saben de campañas electorales y dineros aplicados a esos fines, deducen que una gran parte de esos millones se ha aplicado en estas últimas semanas para implementar el fraude priista y “ganar” el Estado de México. Dicen que ahí se juega parte del futuro del PRI y la elección del 2018, nada más y nada menos.
Al dinero “perdido” habrá que agregar los millones de pesos (y dólares) que, como diferentes periodistas y analistas han señalado, proceden del crimen organizado. Las conexiones de políticos y mandos policiaco-militares con el crimen organizado no son algo nuevo, más bien es algo que se ha señalado una y otra vez y que en algunos casos le ha costado la cárcel a funcionarios e incluso a exgobernadores. Desde el trabajo de investigación periodística, se han venido señalando estos nexos, que empiezan con las policías y mandos municipales, así como con diputados locales y presidentes municipales. Así, a nivel local, el periodista es visto como un peligro para estos grupos corruptos y de ahí hasta los niveles más altos.
En los hechos, los diferentes niveles de gobierno no han apoyado, protegido ni garantizado la labor periodística, aunque ahora digan lo contrario… Es más, ni siquiera han promovido recursos reales –materiales y económicos- para este fin. Es así como fiscalías especiales van y vienen y las instituciones creadas para luchar, investigar y castigar la corrupción o hacer “transparente” la opacidad, no sirven, no funcionan, no operan, no trabajan, aunque sus funcionarios sigan ganando algunos millones con sus exagerados y ofensivos salarios.
Toda una red de complicidades y corrupción ligada a la delincuencia, construye una telaraña que hace posible que, como nunca antes, se mantenga un sistema de gobierno con base en la corrupción, el fraude, la impunidad, el cinismo y la violencia. Los procesos electorales podrían –tal vez- iniciar procesos de trasformación para terminar con este sistema que tiene hundido al país; de ahí la importancia –en caso dado- de la salida del PRI del gobierno del Estado de México, para empezar, y de la presidencia del país.
Al mirar las fotos de la hija del líder sindical de los petroleros, Carlos Romero Deschamps, luciendo siete brazaletes de oro con un valor de casi dos millones de pesos para estar bien presentable en su boda, no puedo dejar de pensar que esa red de corrupción camina ya en las generaciones de los juniors, sin pudor alguno. La próxima generación de jóvenes promesas del priismo.
Lejos, muy lejos de todo ese sistema de operación de la narcopolítica se encuentran procesos de organización, participación y lucha como el emprendido por el Congreso Nacional Indígena (CNI), que se alista para implementar su estrategia electoral para el 2018, encabezada por una mujer indígena, salida de luchas y organizaciones de izquierda como el Movimiento Revolucionario del Pueblo (MRP, inicios de la década del ’80). Me parece que se equivocan quienes pretenden colocar la iniciativa del CNI en el esquema tradicional de la lucha por el poder en el marco electoral de la partidocracia actual.
En este sentido, sin lugar a dudas, algo anda mal en un país donde se tiene que explicar el derecho de los pueblos indígenas a dar su palabra y salir a la arena electoral, en medio de una oleada de descalificaciones y aireados señalamientos de "títeres" del sistema. Algo anda mal e incluso huele a rancio clasismo y racismo, envuelto con toques misóginos. Algo anda muy mal, cuando el narcogobierno pretende envolverse de imagen y discurso que los pone como sus propios verdugos y la mayoría de la prensa simula que le cree y lo ponen a ocho columnas, mientras continúan los asesinatos de sus colegas sin ser aclarados.
