Peña Nieto miente, otra vez

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Virgilio Caballero*

Periodista. Diputado Federal. Vicecoordinador del grupo parlamentario de MORENA

@VirgilioCaballe

 

 

 

Peña Nieto miente, otra vez

 

Como lo he manifestado públicamente en más de una ocasión, aunque la Reforma en Telecomunicaciones y Radiodifusión aprobada en 2013 debe ser mejorada, es innegable que ha dado importantes pasos en el proceso de democratización del sistema de medios de comunicación, en particular en lo que corresponde al reconocimiento de las concesiones de uso público y de uso social.

A pesar de que el contenido de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, al igual que el funcionamiento del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), deben ser sometidos constantemente al escrutinio público, la controversia constitucional contra los Lineamientos Generales sobre la Defensa de las Audiencias interpuesta por el titular del Ejecutivo Federal, Enrique Peña Nieto, el pasado 31 de enero, es una muestra más del autoritarismo que ha caracterizado a la actual administración.

La instauración del IFT como órgano constitucional autónomo tiene por objeto ser un contrapeso a los mismos poderes políticos que hoy se encuentran tan desacreditados en nuestro país. Así, mediante la participación de ciudadanos y expertos en la materia se intenta evitar que asuntos de absoluta trascendencia para la nación estén supeditados a los intereses privados o a las negociaciones políticas.  

El Artículo 39 constitucional establece que “la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno”, por lo que las facultades del Ejecutivo Federal contenidas en el numeral 89 están subordinadas al poder popular en el marco de un sistema democrático.

De ahí que resulte tan alarmante que este martes 31 de enero de 2017, Enrique Peña Nieto arremetiera contra las facultades del IFT con la finalidad, no de defender la libertad de expresión o los derechos de las audiencias y el ejercicio del periodismo, sino de ganarse los favores de las grandes empresas de la radio y la televisión protegiendo sus intereses.

No es casualidad que la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) respaldara dicha medida arguyendo falazmente que el IFT había extralimitado sus funciones. En realidad, las atribuciones de este organismo están respaldadas en una ley que los partidos del Pacto por México (PRI, PAN, PRD y satélites) aprobaron en 2014 y en una reforma constitucional que otorgó al Instituto la facultad de publicar los Lineamientos Generales sobre la Defensa de las Audiencias.

Sin negar que existen elementos que pueden ser debatidos con seriedad, los Lineamientos publicados en diciembre por el IFT están genuinamente animados por la intención de defender a las audiencias. El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, el presidente del Senado, Pablo Escudero, y la presidencia de la Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados falsean la información al afirmar que los Lineamientos ponen en riesgo la libertad de expresión.

O desconocen su contenido o los mueve una intención que no coincide con el bienestar de la nación. Todo apunta a que en el fondo se trata de defender los intereses de los medios privados. Nada extraño si consideramos la trayectoria del actual jefe del Ejecutivo Federal.

* Periodista desde hace más de 40 años. Fundador de casi una decena de canales públicos. Secretario por Morena de la Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados.

 

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