2017, constatación del mal gobierno

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Érika Paz

Asesora parlamentaria en temas de comunicación. Co-conductora del programa Jaque Al Rey

@paz_eri

 

 

 

 

2017, constatación del mal gobierno

Este 2017 arranca con la constatación de los males acarreados por los gobiernos de derecha. No obstante, seguimos votando por sus candidatos y todo lo que implica que estos “representen” –en los tres órdenes de gobierno, en congresos locales y en el Congreso federal– a la casta empresarial y política; que además destinen el presupuesto a los rubros que les convienen para permanecer en el poder mientras recortan aquellos que implican el bienestar colectivo, como educación, ciencia y tecnología, investigación, salud, seguridad social, etc.; o que aprueben leyes y reformas que coartan y eliminan derechos civiles y políticos obtenidos gracias a la perseverancia y batallas de generaciones anteriores.

Sin embargo, la liberalización y el aumento del precio de las gasolinas, del gas LP, del transporte y, paulatinamente, de la canasta básica ha sacado a la gente de sus casas, ha provocado la indignación de la mayoría de la población y diversas organizaciones se han dado a la tarea de debatir sobre esta problemática. De algunas discusiones han salido propuestas bien encaminadas y otras han servido de catarsis para sus asistentes. Ambas son igualmente útiles.

Un sinnúmero de manifestaciones ciudadanas se han registrado en diferentes entidades del país. Da gusto saber que, en un hecho sin precedentes, la gente en Mexicali, Baja California, tomó multitudinariamente las calles en contra de las erradas decisiones gubernamentales en política económica y financiera que han llevado al traste a este país; saber que de norte a sur, México está en pie. Aprovechemos el momento para condenar el exceso de poder de funcionarios públicos que nos han arrastrado al fango de la corrupción.

Las reformas estructurales aprobadas por la actual administración, así como las implementadas en sexenios anteriores, no sólo no han traído los beneficios anunciados en los mensajes presidenciales o en los falaces y edulcorados spots transmitidos en radio y televisión en tiempos oficiales; sino que han perpetuado y agudizado la situación económica en la que nos encontramos desde hace más de 30 años, y cuyos responsables directos (sin novedad) son los gobiernos del PRI y del PAN, en contubernio con el PRD y con sus partidos periféricos Verde, Panal, PES y Nueva Alianza.

En esta escena aparece, por un lado, Movimiento Ciudadano, que ha avalado leyes y reformas que contravienen aquellos discursos en los que enarbolan el compromiso con la ciudadanía o su imagen de partido político “progresista”. Como aquella reforma que permitió la ampliación del periodo de cuatro de los siete magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) –la máxima autoridad en el ámbito electoral–, con una serie de irregularidades en el proceso y con el objetivo de que los siete magistrados designados por Enrique Peña Nieto cumplan con lo mandado en las futuras elecciones hasta 2023 y 2025. Este mismo partido político, repitió el mismo papel al abstenerse de votar a favor la ley que elevaba a derecho constitucional el matrimonio igualitario. A pesar de ello, es preciso reconocer que ha realizado un trabajo legislativo muchas veces serio y en ocasiones crítico.  

Por otro lado se encuentra Morena, objetivo de la sátira política de muchos sectores de la sociedad, lo que no es de extrañar por parte de la derecha, aunque sorprende un poco que sea el objetivo de la burla y el menosprecio de ciertos grupúsculos de izquierda y de quienes se autoproclaman como “progresistas”. No se trata, sin embargo, de afirmar que Morena es una formación política que no merece ser criticada, pues ha cometido errores que deben ser señalados, como la indefinición de su líder en temas que tocan los derechos humanos. Sin embargo, más allá de esos errores injustificables y de la discusión sobre si Morena es un partido político de izquierda –discusión que seguramente sería inacabable y artificiosa–, es innegable que hasta ahora es el único partido político con representación en el Congreso que ha actuado como una verdadera oposición, votando en contra de las medidas que precisamente ahora estamos padeciendo.

Sí, miremos con recelo las actuaciones y decisiones de todo partido político, así como de todas las personas con cargos en la función pública, observemos y, en su caso, denunciemos y busquemos las vías para condenar públicamente todo acto que atente contra nuestros derechos, pero miremos con atención y seriedad el trabajo legislativo de aquellos actores que han impulsado medidas dirigidas al beneficio de la población.

Como ciudadanas y ciudadanos “de a pie” sufrimos la precariedad laboral, la falta de empleo, de oportunidades, de educación, la deficiente o nula seguridad social o pública, la falta de servicios, la ausencia de un salario digno, padecemos la violencia generalizada y la violencia contra las mujeres o la sistemática violación a nuestros derechos humanos. Nuestras opciones, en este contexto, están en la participación y la organización política y social. Pongamos en tela de juicio a partidos políticos y funcionarios públicos de los tres niveles de gobierno, municipio, entidad federativa y poder federal, y premiemos a quienes trabajan con responsabilidad en favor de la ciudadanía. No perdamos de vista que la democracia es un proceso inacabado y siempre perfectible.

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